A la búsqueda de un consenso por una UE más sostenible
Se lo conoce como ‘ajuste en frontera’ y se presenta como un instrumento que equilibre la voluntad de la Unión Europea por promover un espacio más sostenible y medioambientalmente más saludable, todo ello sin alterar el desarrollo económico.
Este jueves 1 de julio, la profesora del CEF.- Centro de Estudios Financieros y de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Carmen Cámara, especialista en fiscalidad empresarial, ha participado en el Curso de verano ‘Sistema fiscal y transición ecológica’ organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales con una ponencia titulada ‘Los ajustes medioambientales en frontera’.
En la misma se ha analizado el mecanismo de ajuste del carbono en frontera, sobre el que se espera que la Comisión Europea presente una propuesta a lo largo del mes de julio de 2021, y cuya entrada en vigor, en principio, estaría prevista para 2023.
En el marco del Acuerdo de París, la Unión Europea pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 hasta el 55 por ciento, y conseguir la neutralidad climática en 2050. Sin duda, la fijación de precios al carbono (carbon pricing) es una herramienta que puede ayudar a descarbonizar con éxito la economía.
No obstante, la utilización de estos instrumentos económicos lleva aparejada una fuga de carbono (carbon leakage), que se produce cuando las empresas trasladan su producción a otros países con límites de emisión menos estrictos o los productos nacionales son reemplazados por productos importados con mayores niveles de CO2.
Para hacer frente a este problema se pretende articular un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono que podría articularse dentro del régimen de comercio de derechos de emisión, como derechos de aduana o adoptando la forma de un impuesto al carbono.
Mientras que los dos primeros se adoptarían mediante el procedimiento legislativo ordinario, que requiere la mayoría cualificada en el seno del Consejo, la adopción de un impuesto al carbono requeriría alcanzar la unanimidad de los 27 Estados miembros, lo que no es una tarea sencilla.
“Una cuestión importante, que no se puede perder de vista·, apunta Cámara, “es la necesidad de que, con independencia de la forma jurídica que adopte este mecanismo, se respeten las normas comerciales de la OMC, y, en particular, el Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio del GATT”.
En este sentido, “aunque tendremos que esperar a que se publique la propuesta definitiva”, probablemente en los próximos días, para la especialista en fiscalidad del CEF.- y de la UDIMA, “todo apunta a que este mecanismo de ajuste en frontera, que también pasará a ser un recurso propio de la Unión Europea (en la misma línea que la contribución sobre los plásticos de un solo uso que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2021), se va a traducir en una extensión del régimen de comercio de derechos de emisión a productos importados de sectores tan contaminantes como la electricidad, el cemento o el acero”, concluye.
