A vueltas con el sistema de pensiones, y sin consenso político

Recientemente me han preguntado para un reportaje en la Revista Inversión por los factores que creo que serían más adecuados para dar sostenibilidad al sistema público de pensiones. El principal partido de la oposición, el PP, ya ha manifestado estar en contra de la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un mecanismo de equidad intergeneracional.

Por Gonzalo Núñez Sarompas, Profesor del CEF.- y de la UDIMA

Por desgracia se desconoce cuál es ese mecanismo de equidad intergeneracional que se propone por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dado que no está incluido su desarrollo en el proyecto de ley aprobado en el Congreso de los Diputados.

Por ello no puede hacerse ninguna comparativa con el factor de sostenibilidad, aunque podría tratarse de un mecanismo similar, según algún matiz que adelantó el ministro, en el sentido de que era necesario que la generación concreta de los “baby boomers” (nacidos aproximadamente  entre 1957 y hasta 1977) asumieran que iban, bien a percibir una pensión de jubilación más reducida o bien a tener que prolongar su edad de jubilación para compensar el mayor gasto que esta generación generará en pensiones y que debería ser soportado por los trabajadores en activo de generaciones posteriores que son menos numerosos.

Otra controversia entre el Gobierno y el PP, me preguntan, está vinculada con la eliminación del factor de revalorización de las pensiones y su sustitución por el incremento de las pensiones en función del IPC. En relación con esta cuestión, ¿qué pienso de qué beneficia más a la viabilidad del sistema público de pensiones?

Pues lo que creo es que la revalorización de pensiones de forma automática, y sin reducción por desviación a la baja del IPC real respecto del previsto, supone una importante presión sobre el gasto que tienen las pensiones en el sistema de Seguridad Social (el 0,9 % de revalorización aplicado desde el 1 de  enero de 2021 tuvo un coste adicional -léase déficit adicional- de 1.406 millones de euros, y la previsión para 1 de enero de 2022 con un IPC medio de un 2,4% es que supondrían otros 3.750  millones de euros).

Por ello, estimo que resultaría imprescindible adoptar las medidas compensadoras apropiadas, limitando las revalorizaciones en tanto el sistema se encuentre en situación de déficit y teniendo en cuenta la alta tasa de sustitución que tiene el sistema español de la Seguridad Social (en torno al 70% cuando la media OCDE es del 49%, siendo el salario medio en nuestro país de 1.907,82 euros mensuales y la pensión media de 1.185,81 euros).

En definitiva, una medida como esta -respecto a la cual ya formuló una advertencia en 2018 el FMI que estimó que dispararía el coste del sistema entre 30.000 millones y 40.000 millones hasta 2050-, resulta a mi juicio muy peligrosa para el Sistema de la Seguridad Social, además de suponer una carga adicional para los actuales cotizantes teniendo en cuenta que las pensiones de jubilación se han revalorizado en los últimos diez años un 30,29%, mientras que los salarios solo lo han hecho un 4,85%.

El autor de este artículo, Gonzalo Núñez Sarompas, es también Abogado laboralista, Director del Departamento Laboral de Bardají/Honrado Abogados, e Inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia