El Consejo para la Defensa del Contribuyente, un órgano "infrautilizado" que permitiría "más certeza jurídica"
Jesús Rodríguez Márquez, durante el acto organizado por el CGE.
El Consejo para la Defensa del Contribuyente se fundó en diciembre de 1996 como ese apéndice de la Agencia Tributaria para atender quejas del ciudadano. Y quizás se ha minimizado su valor en este cuarto de siglo que lleva funcionando. O así lo ha entendido su nuevo presidente. Jesús Rodríguez Márquez, elegido en julio, quien ha expuesto el papel y las características de este órgano del Gobierno, así como su potencial en el sistema tributario español.
La finalidad del Consejo ha sido siempre doble: atender quejas y sugerencias del contribuyente (entre 9 y 15.000 cada año) y servir de asesor a la Secretaría y el Ministerio de Hacienda . "Es un organismo útil pero infrautilizado", señalaba este miércoles su presidente en un acto virtual convocado por el Consejo General de Economistas de España (CGE).
La doble función, de asistencia al ciudadano y asesoría técnica a la Administración, incluye solicitudes contra acciones sólo a nivel estatal, contra los actos de los propios tribunales económico-administrativos, así como la Dirección general del Tributo y del Catastro, ha explicado. Pero también se pueden presentar "sugerencias" en el funcionamiento de la propia Agencia o cuando se advierten "problemas de diseño".
La queja se puede presentar tanto a título particular como a través de un colectivo profesional; en este último caso, ha dicho el presidente, la solicitud tiene "más entidad". Y, aunque no impide hacerlo a título particular, sí parece que hay una especie de rechazo de los "asesores de a pie" para presentar dicha 'reclamación', y que quizás explica en parte su infrautilización. ¿Quejarse a la Agencia Tributaria puede provocar una reacción administrativa negativa posterior?, se preguntan algunos.
"Es lógico tener ese temor", ha concedido Rodríguez Márquez, pero asegura que en 25 años ya se ha normalizado que los contribuyentes presenten quejas. Ante todo, quien las gestiona (funcionarios que no reciben una remuneración extra por ello), tienen como prioridad "contestar lo antes y mejor posible, no guardártela para la próxima". De hecho, sí que recuerda a más asesores fiscales pedir la cabeza del funcionario que a la inversa, donde asegura que no hay "ánimo revanchista".
Unidad operativa, digital
Entre los objetivos de su nuevo presidente, el Consejo espera ser más utilizado por parte de las empresas y los ciudadanos en general. El órgano cuenta con los "tres sectores fundamentales en la representación de los tributos": abogados y fiscales profesionales, sector académico y "lo más granado de la Administración Tributaria". De hecho, la llamada Unidad Operativa está compuesta por estos últimos, quienes "hacen funcionar realmente el consejo", ha aseverado Rodríguez Márquez.
Ellos son quienes gestionan la respuesta a la queja, el posible acuerdo y su decisión en el pleno de la comisión permanente (mensual). El presidente ha cifrado en unos dos meses la respuesta definitiva del Consejo; tiempo que quiere reducir a la mitad "en lo posible". "Recordemos que los miembros del Consejo van gratis… Aunque se la retribuye la pasión con la que toman los temas y los resuelven", ha matizado.
Lo que sí debe intentarse desde este órgano es aprovechar el cambio tecnológico de los últimos años, ha incidido el abogado, para ganar transparencia y efectividad. Es evidente que la forma en que se relaciona la Administración con el contribuyente ha cambiado, y que ahora se maneja mucha más información tributaria desde el Estado. Él sabe que esa pérdida de la presencialidad ha generado "ciertas reticencias" en los miembros del Consejo.
Cooperación y transparencia
Pero estos cambios digitales deben asumirse "con naturalidad" y sabiendo que son "irreversibles", ha subrayado Rodríguez Márquez. Y no sólo eso, sino que es necesario aprovechar esta ingente cantidad de información "para ser lo más prácticos posibles de cara al contribuyente" y caminar hacia un nuevo modelo "colaborativo" en la aplicación del sistema tributario, ha desgranado. Es decir, tomar la influencia anglosajona para lograr, entre otras cosas, "empresas más transparentes" a nivel tributario.
El monitoreo de la información fiscal del ciudadano debería permitir dar una respuesta más ágil, lo que mejoraría "el sistema en general", ha insistido el presidente del Consejo. En su opinión hay que aprovechar el último giro de la Administración para obtener ventajas, pues no tiene claro que siempre "vayamos a poder relacionarnos de manera más fluida con la Agencia Tributaria". ¿Qué papel puede jugar en este sentido el Consejo para la Defensa del Contribuyente?
En ese papel de "engrasar" las relaciones entre Hacienda, los profesionales y el ámbito académico, y el contribuyente, el Consejo puede ayudar en la relación cooperativa con los profesionales. "Tengo sugerencias en marcha", ha puntualizado incluso el presidente, aunque el proceso "está siendo lento". Además de dar facilidades (como incluir explicaciones más coloquiales junto a las referencias jurídicas en las respuestas), la administración debería mostrar a los profesionales y colectivos las ventajas de su adhesión.
"Tiene que verle una utilidad, y añadir también un canal de comunicación con la Agencia Tributaria" sería una "vía para empezar". En definitiva, hacer buenos informes de transparencia, y que la Administración responda con agilidad para dirimir el resultado (si es por vía judicial, que sea, pero no a los cuatro años), es "el gran reto". Que puede además diferenciarnos de los británicos o australianos que se suelen poner como ejemplo.
"Permitiría más certeza jurídica, lo que es al final positivo para la economía: relaciones más seguras entre la Agencia Tributaria y el conjunto de las empresas. Esa es también mi intención, que nos utilicen para allanar este camino, y lograr con ello un escenario más seguro y atractivo para las inversiones en España", ha defendido Rodríguez Márquez.
