Premio Estudios Financieros 2020. Entrevista. Accésit Derecho Constitucional y Administrativo
‘Incentivos y recortes a las energías renovables: transitando por un conflicto normativo global’ es el título del trabajo que obtuvo un accésit en la modalidad de Derecho Constitucional y Administrativo en el Premio Estudios Financieros 2020, cuya autoría corresponde a José Damián Iranzo Cerezo, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
¿Podría resumirnos su trayectoria investigadora?
Mi trayectoria profesional se ha desarrollado íntegramente en la Carrera Judicial, en la que ingresé en el año 2007. No se trata éste de un desempeño que precisamente facilite acometer estudios que se aparten de los quehaceres propios de la función. Ha sido a partir del año 2016, ya en la Jurisdicción contencioso-administrativa y en el marco del Programa de Doctorado en Derecho Económico y de la Empresa de la Escuela Internacional de Doctorado de Comillas (ICADE), cuando he tenido la oportunidad de abordar el análisis de conceptos o principios de Derecho Público que vayan más allá de su inmediata aplicación al caso concreto.
¿En qué consiste la investigación y cuál ha sido la conclusión?
El trabajo presentado a los premios Estudios Financieros tiene su origen precisamente en la tarea desarrollada como doctorando. Partiendo de la idea de riesgo regulatorio y de como ésta se enfrenta en nuestra doctrina constitucional y legal, en el Derecho de la Unión Europea o por el arbitraje de inversiones, se trata de poner de manifiesto los distintos tratamientos que recibe y las diferentes consecuencias a las que en la práctica ello aboca. Un claro exponente son las energías renovables y, en particular, los vaivenes legislativos que les han afectado. Así, mientras que con arreglo al Derecho interno los operadores nacionales no han satisfecho sus pretensiones indemnizatorias derivadas de cambios normativos inopinados, la mayoría de inversores de otros países que han acudido a los mecanismos de solución de controversias previstos en Tratados suscritos por España sí que han obtenido -y siguen obteniendo- cuantiosas indemnizaciones.
¿De qué modo los resultados de la investigación pueden repercutir en la sociedad?
La cuestión que se analiza no solo es actual sino que reviste una gran relevancia económica para España en tanto que se siguen sucediendo laudos condenatorios multimillonarios por la supresión de incentivos a las energías renovables dentro de una batalla judicial que aun se libra y con multitud de frentes abiertos por todo el planeta. El conflicto representa además la imposibilidad de cumplir de forma simultánea normas que arrastran a resultados antagónicos. De un lado, el régimen de ayudas de Estado en tanto que opuesto al otorgamiento de ventajas económicas selectivas e imputables a los Estados miembros. De otro, la obligación de ejecutar los laudos producto de los mecanismos de solución de controversias dispuestos en acuerdos internacionales y, en particular, en el Tratado de la Carta de la Energía.
¿Cuál es la situación que atraviesa en materia de investigación y desarrollo el área de conocimiento de la que es experto?
Considero que la disfunción que se produce al considerar ayuda de Estado el pago de un laudo condenatorio es un terreno inexplorado. El Tribunal General no ha despejado incógnitas en la Sentencia Micula (asuntos T–624/15, T–694/15 y T‑704/15) aunque está por ver lo que resolverá al respecto el Tribunal de Justicia con ocasión del recurso de casación. En todo caso, en la solución a dispensar probablemente entrarán en juego principios como el de primacía del Derecho de la Unión o conceptos como el de orden público actuando como excepción a la ejecución de tales laudos condenatorios.
¿Cómo valora el Premio Estudios Financieros y las ayudas que comprende a la investigación?
Ha de ponerse sin duda en valor el que una institución privada venga manteniendo durante ya más de tres décadas un compromiso de esta naturaleza con la investigación. Suponen una excelente oportunidad para dar visibilidad a reflexiones acerca de problemas de cierta entidad y contribuyen a la interrelación entre operadores jurídicos.