Factor Capitalidad: Todo lo que interesa saber
Con independencia de los análisis políticos, centrados fundamentalmente en agravios comparativos, la capitalidad es un factor intangible que tiene claras repercusiones económicas. Este aspecto se repite en cualquier orden territorial: estatal, autonómico o local. Como ejemplo, podemos aproximarnos a este campo a través del análisis de competencia existente entre Madrid y Barcelona.
Por Javier de la Nava, profesor de Macroeconomía y Economía Internacional en el CEF.- y la UDIMA
Ambas metrópolis se parecen en términos de renta, precio de la vivienda, edad media de la población (44 años) y hasta en días de lluvia y de sol. Por el contrario, Madrid posee mejores indicadores en creación de empresas, visitantes, seguridad y zonas verdes, mientras que la capital catalana cuenta con menos desempleo, mayor gasto social y cultural, esperanza de vida, menos desigualdad y se impone en movilidad sostenible y en menor polución atmosférica.
Algunos ratios económicos que nos ayudarán a entender mejor la situación por comparación:
PIB 2019 Madrid 152.556 MM € - Barcelona 86.836 MM €
PIB 2020 Madrid 137.875 MM € - Barcelona 77.844 MM € disminución global derivada del efecto pandemia y medidas adoptadas)
Desempleo (último dato EPA) Madrid 12,7% - Barcelona 10,6%
La Renta neta media anual/habitante es parecida, 16.700 € madrileños frente a 16.386 € barceloneses (Madrid cuenta una población de 3,3 MM personas frente a 1,6 MM personas en Barcelona).
La gran diferencia entre ambas urbes se centra en la creación de empresas (aquí hay que tener en cuenta el efecto “process”). Hasta octubre de 2021 en la capital del Estado se han creado 12.205 sociedades, más del doble que en Barcelona, con 5.911 sociedades. En términos económicos son evidentes los beneficios que consiguen las empresas por localizarse junto a otras compañías, beneficio que crece cuanto mayor sea el núcleo de población.
Las ciudades más grandes tienen más posibilidades de atraer nuevas empresas. Aunque las economías de aglomeración tienen desventajas a relacionadas con mayores costes de producción (mano de obra, suelo o transportes), los beneficios son superiores. Así, las grandes ciudades se convierten en foco atracción de inversiones (nacionales y extranjeras).
El crecimiento de los mayores núcleos urbanos atrae capital y talento, pues allí reside en mayor medida la generación de empleo. El círculo virtuoso de crecimiento e inversión es muy similar en las grandes ciudades europeas. En Madrid, la población de la capital y las ciudades satélite mantiene una ratio constante de crecimiento. Al igual que en otros países europeos, la población está cada vez más concentrada en los grandes núcleos urbanos. En España las grandes ciudades son cada vez mayores, mientras que el mundo rural sufre un ancestral proceso de despoblación.
Aunque la renta neta por persona sea parecida, ambas ciudades tienen grandes oscilaciones (desigualdad) entre barrios y distritos. La renta del distrito más rico de Madrid (Chamartín) es 2,8 veces la del más pobre (Usera). En Barcelona la ratio es 2,4 veces (Sarriá frente a Ciutat Vella). El indicador más habitual que mide el riesgo de pobreza, tasa AROPE, era 20,9% en la Comunidad de Madrid, frente al 22,8% en Cataluña.
Un importante factor económico es el turismo, especialmente en nuestra estructura nacional. Madrid ha realizado una fuerte apuesta por el turismo de lujo, lo que ha convertido a la ciudad en una de las capitales mundiales con más hoteles de lujo en el centro de la ciudad, frente a la contención de la capital catalana, que desde 2017 no permite nuevas aperturas de establecimientos salvo en la periferia.
Los 605 € que cuesta la habitación en un hotel de cinco estrellas en Madrid, dobla la de Barcelona (340 €). Respecto a la hostelería, Madrid posee 17.500 bares y restaurantes, frente a los 9.000 establecimientos barceloneses según el dato más reciente.
Las capitales de un país cuentan con otra ventaja añadida, la localización de las instituciones del país. Madrid es el prototipo de país europeo con la mayor parte de las administraciones, entidades y organismos estatales centralizados en la capital (algo que no ocurre en Alemania, por ejemplo). Esto es también un polo de atracción de capital, especialmente extranjero. Las grandes multinacionales que se plantean invertir en un país valoran la proximidad a las instituciones a la hora de situar su empresa. Crecimiento ajeno al signo del partido gobernante en la comunidad y/o en la ciudad.
Según datos de Eurostat, la región (NUTS 2 en terminología Eurostat) que contiene a la capital del país elevó su aportación al PIB nacional en los últimos 16 años en todos los países UE salvo en tres (Irlanda y Portugal como consecuencia de la crisis económica que hizo que muchas empresas con sede en la capital cerraran su sede, pero hasta el año 2008 sus capitales aumentaban la aportación al PIB; y Croacia cuya capital Zagreb padece el boom turístico que reparte la actividad entre las ciudades costeras del país.
En España, la Comunidad de Madrid pasó de generar el 17,7 % del PIB en el año 2000 a casi 20% en la actualidad. En promedio de la Unión Europea, el peso de la región que contiene a la capital ha pasado del 27,4 % del PIB en el año 2000 al 30,9 % en 2018. Alemania y Austria son excepciones a esta tendencia ya que son dos países federales. En el caso de Alemania, además de la descentralización, el siglo XX tan complicado que vivió Berlín provocó que otras ciudades del país se desarrollaran más. De hecho, la capital financiera de Alemania está en Fráncfort, algo inusual en los países desarrollados.
Como síntesis podemos indicar que los países que más distribuyen el crecimiento en todas sus regiones consiguen mayores cotas de desarrollo.
Competencia fiscal entre comunidades autónomas
Otro aspecto que deberíamos tener presente en un análisis más detallado es el nivel de desigualdad existente en cada Estado.
Mucho se ha debatido sobre la competencia fiscal entre comunidades autónomas, que no ha dejado de crecer desde que en 1997 el modelo de financiación permitió a los parlamentos regionales modular la de los tributos cedidos. Las rentas más elevadas y la Comunidad de Madrid son los más beneficiados de la “guerra fiscal” entre regiones por atraer contribuyentes mediante el expeditivo método de bajar los impuestos.
Lo demuestra el trabajo académico realizado por Julio López Laborda y Fernando Rodrigo de la Universidad de Zaragoza, que llegan a una primera conclusión: las diferencias en los impuestos autonómicos “influyen significativamente” en la elección de residencia por los contribuyentes ubicados “en la parte más alta de la distribución de la renta”. El estudio excluye País Vasco y Navarra por su singular régimen fiscal.
El resultado muestra que el 4% de las rentas altas seleccionadas, equivalente a 877 contribuyentes, cambió de región de residencia entre los años 2006 y 2012 al calor de la competencia fiscal. Más de la mitad de quienes cambiaron de residencia se ubicaron en la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno fue el más agresivo a la hora de rebajar la presión fiscal. La ley obliga a que cuando se modifica el domicilio fiscal, el contribuyente debe ponerlo en conocimiento de la Administración Tributaria mediante declaración expresa, sin que el cambio de domicilio produzca efectos frente a la Administración hasta que se presente la comunicación.
El estudio de López Laborda y Rodrigo extiende la investigación no solo al impuesto sobre la renta, sino también a sucesiones y donaciones y a patrimonio, por tratarse de tributos de carácter personal y no societario.
Como se sabe, desde principios de los años ochenta, las comunidades autónomas perciben, en concepto de impuestos cedidos por el Estado, el 100% de los ingresos devengados en su territorio por ambos impuestos, además de conceder determinadas competencias de gestión. Pero solo a partir de 1997 las comunidades autónomas han dispuesto de competencias para poder fijar el tipo impositivo de estos impuestos, además de algunas reducciones en la base y deducciones en la cuota tributaria.
Los autores del estudio no han tenido únicamente en cuenta el nivel de presión fiscal como la única variable que explique el cambio de residencia fiscal. También incluyeron variables como rentas salariales y su influencia sobre la renta total del contribuyente, atractivo residencial y oportunidades que ofrecen determinados territorios, el precio de la vivienda o el nivel de Estado de bienestar (educación, sanidad o servicios sociales).
En todo caso, esta última variable, según el estudio, no es tan relevante. En su opinión, “las diferencias en el gasto público en los servicios fundamentales no influyen sobre la elección de la comunidad de residencia”. Lo que influye de forma determinante es, por el contrario, la presión fiscal.
El actual modelo entró en vigor el 1 de enero de 2009, en plena recesión, pero con una dotación generosa que se financió vía endeudamiento para satisfacer, sobre todo, la presión del Gobierno de la Generalitat. El modelo (con año base en aquel año) se aplica en todo el territorio del régimen común, incluidas Ceuta y Melilla, excepto en el País Vasco y Navarra que tienen sus propios sistemas forales al amparo de la Constitución.
El nuevo modelo pretendía mayor corresponsabilidad fiscal, para lo cual se aumentaron los porcentajes de cesión de los tributos parcialmente cedidos a las comunidades autónomas, al tiempo que se incrementaron sus competencias normativas para reforzar su autonomía financiera. De este modo, si con el modelo anterior el 70% de todos los recursos de las regiones procedía de los impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado, con el nuevo sistema, este porcentaje pasó a rondar el 90%.
Las CCAA, como se sabe, gestionan totalmente los siguientes tributos: transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones e impuestos sobre el juego y las tasas afectas a los servicios transferidos. Además, participan en la recaudación del resto de tributos. En concreto, recaudación del impuesto sobre hidrocarburos y del impuesto especial sobre determinados medios de transporte; además del 50% de la tarifa autonómica del IRPF; el 50% de la recaudación líquida del IVA (sin capacidad normativa) y el 58% de la recaudación líquida por los impuestos especiales que gravan la cerveza, el vino, las bebidas fermentadas, el alcohol, los hidrocarburos y las labores del tabaco. También el 100% de la recaudación líquida por el impuesto sobre la electricidad.
Ese dinero no se reparte de forma homogénea. Al contrario, se utilizan diversos criterios que vienen a ser la madre del cordero del sistema. De esta manera, las CCAA pueden atender sus necesidades de gasto en sanidad, educación o servicios sociales. Los criterios son los siguientes. Población protegida equivalente: 38%; población: 30%; población en edad escolar (entre cero y 16 años): 20,5%; población mayor de 65 años: 8,5%; superficie: 1,8%; dispersión de la población: 0,6%, e insularidad: 0,6%.
Dividiendo la financiación de cada región por su población ajustada, se obtiene un indicador de financiación por unidad de necesidad o per cápita ajustada que suele utilizarse para valorar la equidad de la distribución de recursos entre regiones.
El sistema no intenta cuantificar el coste en términos absolutos de prestar los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas a algún nivel de calidad considerado deseable, intenta fijar un criterio de reparto que asegure sean satisfechas en la misma proporción las necesidades de todas las regiones. El instrumento de nivelación es el llamado Fondo de Garantía (FG), que no existía en modelos anteriores.
Este Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales pretendía que todas las CCAA recibieran los mismos recursos por habitante en términos de población ajustada. Se trata del fondo que canaliza el grueso de los recursos del sistema, y funciona como una especie de caja única que se distribuye entre las regiones en proporción a sus necesidades estimadas de gasto. El FG se nutre con un 75% de los ingresos tributarios estandarizados de las comunidades autónomas y con una aportación adicional del Estado.
Cuenta con otros fondos diseñados a la carta para satisfacer las necesidades singulares de cada región. Como el Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Convergencia, el Fondo de Competitividad, el Fondo de Cooperación o el viejo Fondo de Compensación Interterritorial, el único que tiene garantía constitucional, pero que ha ido perdiendo peso a lo largo del tiempo.
