La indemnización disuasoria, una posible solución a los "laberintos jurídicos" en despidos improcedentes
Cristóbal Molina Navarrete (catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Jaén) ha obtenido el Primer Premio en la categoría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en el XXXIV Premio Estudios Financieros. Su autor, que también es asesor del Comité Económico y Social Europeo (CESE), nos aclara los detalles del trabajo premiado "Aperturas" de las indemnizaciones tasadas por incumplimientos laborales e irrupción de su "efecto dinosaurio".
Redacción CEF.- UDIMA
¿Podría resumir su trayectoria investigadora?
Soy catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde el año 2000. Tras doctorarme en Italia (Universidad de Bolonia) desarrollé mi actividad docente en las Universidades de Granada y de Jaén, en esta última obtuve la cátedra y mantengo mi actividad. Soy autor de más de 400 obras de la disciplina, tanto de Derecho del Trabajo como de Derecho de la Seguridad Social, que me ha valido el reconocimiento de 5 sexenios de investigación (máximo reconocimiento para el periodo de tiempo que he desarrollado, siendo el máximo total que se pueden obtener por toda una carrera 6 sexenios).
¿En qué consiste la investigación premiada y cuál ha sido la conclusión?
Mi estudio afronta un instrumento novedoso en Derecho del Trabajo: las indemnizaciones disuasorias. Están en el centro de dos debates hoy clave en las relaciones laborales y que afectan directamente a centenares de miles de personas trabajadoras: las indemnizaciones adicionales por despido improcedente, sumadas a las del art. 56 ET en virtud del art. 24 b) de la Carta Social Europea, como nos ha exigido recientemente el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS); de un lado. Y la solución al problema de la estabilización de decenas de miles de personas de empleo público con una relación abusiva de empleo, según las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Mi conclusión es que dar consistencia teórica y visión práctica a esta figura, la indemnización disuasoria -que repara todos los daños generados y desincentiva a la empresa por actos abusivos- puede ser una buena solución para los laberintos jurídicos y empresariales creados hoy en torno a estos temas.
¿De qué modo los resultados de la investigación pueden repercutir en la sociedad?
Lo acabo de contar en el apartado anterior. Esta institución novedosa en España está en condiciones de resolver numerosos problemas que hoy crean mucha inseguridad jurídica, y también injusticia social, en las relaciones de trabajo. Beneficiaría a las personas trabajadoras, que les daría más seguridad económica y ocupacional, también a las empresas, que podrán prevenir mejor las decisiones judiciales y a la sociedad y economía en su conjunto que tendrá más racionalidad en sus decisiones empresariales, con lo que se ganará en un modelo de gestión de relaciones de trabajo más sostenible, en el empleo privado y en el público.
¿Cuál es la situación que atraviesa, en materia de investigación y desarrollo, el área de conocimiento de la que es experto/a?
El Derecho del Trabajo y el Derecho de la Seguridad Social son dos ramas de conocimiento e investigación siempre muy convulsas, porque están en constante cambio. Hoy hay una dinámica legislativa muy intensa y extensa, y eso no siempre es bueno, porque se cometen muchos errores legislativos, también judiciales. La seriedad y el rigor de la ciencia jurídico-laboral es especialmente necesaria en este momento para devolver coherencia, igualdad y seguridad, introduciendo más calidad jurídica en un entorno de mala calidad técnico-legislativa.
¿Cómo valora el Premio Estudios Financieros y las ayudas que comprende a la investigación?
Hoy por hoy, el Premio del CEF.- es el más consolidado y prestigioso en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que hay en España. Buena prueba de ello es que cada vez participan más catedráticos y catedráticas, esto es, personas investigadoras consolidadas.