La Covid-19 puede "acelerar el debate" para que la Administración gestione las indemnizaciones por las vacunas
Estefanía Pérez López, durante su discurso en el XXXII Premio Estudios Financieros.
El principio de solidaridad en la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por los daños derivados de la vacunación. Referencia a la vacuna frente al Covid-19 es el título del trabajo de investigación elaborado por la secretaria general del Ayuntamiento Tineo (Asturias), Estefanía Pérez López, que ha obtenido el Primer Premio en la categoría de Derecho Constitucional y Administrativo en el Premio Estudios Financieros 2022.
¿Podría resumirnos su trayectoria investigadora?
Desde hace más de veinte años mi vida profesional siempre ha estado ligada a la Administración Municipal. Actualmente presto servicios como Secretaria del Ayuntamiento de Tineo, en Asturias. Desde el inicio de mi carrera, siempre he procurado compatibilizar el trabajo del día a día con una investigación más a fondo sobre determinados temas que consideraba de singular relevancia o trascendencia.
He tratado de realizar publicaciones periódicas en revistas de impacto en el ámbito local al objeto de poner de manifiesto situaciones jurídicas problemáticas que muchos empleados públicos compartíamos. Tras doctorarme en Derecho con una tesis dedicada al urbanismo y cursar un máster relativo a la intervención de la Administración en la sociedad (ambos en la UNED), mi labor investigadora en cuestiones municipales fue creciendo. Así se materializaron algunas colaboraciones con dicha institución en materias como la participación ciudadana en el ámbito local.
No obstante, la línea investigadora del trabajo premiado está marcada por la posibilidad que he tenido de prestar servicios, durante algún tiempo, como letrada del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Allí me interesé por temas como la responsabilidad patrimonial de carácter sanitario, cursando un máster en Derechos Humanos y Bioderecho, y ampliando mi ámbito investigador hacia la rama de la sanidad pública.
¿En qué consiste la investigación y cuál ha sido la conclusión?
La investigación trata de poner de manifiesto la importancia de las vacunas sin desconocer sus riesgos que, no por infrecuentes son inexistentes. El trabajo es una vuelta a los orígenes, a los principios generales del Derecho. Y pretende hacer entender que la sociedad, personalizada en la Administración, debe responder de forma solidaria ante los daños que una persona pudiera sufrir a consecuencia de una vacuna incluida en una campaña general de sanidad, pensada para el beneficio de toda la población.
El sistema actual de resarcimiento de aquellos daños se basa en la institución de la responsabilidad patrimonial, donde los perjuicios derivados de la vacunación se consideran, salvo infracción de la lex artis, no antijuridicos y, por tanto, existe el deber legal de soportarlos. La investigación antepone el principio de solidaridad a cualquier otra consideración y pretende así que se abonen las indemnizaciones debidas.
Todo ello en desarrollo de una idea que, en realidad, ya habían predicado los Ilustrados españoles a finales del siglo XVIII, cuando comenzó primero la variolización y, después, la vacunación contra la viruela de todos los ciudadanos.
¿De qué modo los resultados de la investigación pueden repercutir en la sociedad?
La sociedad actual está saliendo poco a poco de los efectos adversos provocados por la Covid-19. La vacunación contra el coronavirus que lo provoca ha sido masiva en nuestro país. Aún es pronto para conocer el alcance, en su caso, de los efectos adversos de aquellas vacunas. Sin embargo, ya existe suficiente doctrina científica, técnica y jurídica en España sobre otro tipo de vacunaciones como para poder iniciar un debate maduro acerca de cuál debe ser la forma de indemnización de los daños derivados aquellas.
La vacuna contra la Covid-19 puede ser un acelerador de dicho debate y, en este marco, el trabajo pretende ofrecer alternativas plausibles dentro de nuestro ordenamiento jurídico. E, incluso, poner de manifiesto la existencia de otras soluciones utilizadas por países de nuestro entorno, como crear fondos de compensación de daños vacunales.
¿Cuál es la situación que atraviesa en materia de investigación y desarrollo el área de conocimiento de la que es experta?
Con carácter general, el área de conocimiento jurídico cuenta con una investigación constante y de calidad. Sin embargo, posiblemente, cuenta también con menos reconocimiento y apoyo que otras áreas de conocimiento de carácter científico o técnico. A pesar de ello, la investigación en Derecho Público es determinante para identificar problemas, facilitar el trabajo diario en la Administración y plantear modificaciones legales que puedan contribuir a mejorar nuestro ordenamiento jurídico y, en último término, facilitar las relaciones entre la Administración y los ciudadanos.
¿Por dónde podría avanzar la línea de investigación planteada en su trabajo?
El principio de solidaridad como elemento determinante para la indemnización de los daños derivados de la vacunación forma parte, en realidad, de un estudio mucho más amplio acerca de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por los daños surgidos en el ámbito de las campañas de vacunación general. No se pueden dejar de estudiar a fondo conceptos como la infracción de la lex artis, la pérdida de oportunidad, la fijación de un baremo indemnizatorio o el reparto de competencias entre Administraciones.
En este último caso, la vacuna contra la Covid-19 cobra de nuevo un protagonismo especial al estar implicada en su autorización la Agencia Europea del Medicamento y ser la Unión Europea quien suscribió los contratos de adquisición de la vacuna con los laboratorios privados. Todo ello debe ponerse en relación con las competencias estatales y autonómicas afectadas, lo cual no será fácil.
Por lo tanto, existe aún mucho campo para continuar la investigación. La experiencia jurídica sobre el tratamiento de los daños derivados de otras vacunas deberá conjugarse con las novedades del sistema de vacunación frente al COVID-19.
¿Cómo valora el Premio Estudios Financieros y las ayudas que comprende a la investigación?
Como antes señalaba, el área de investigación jurídica no está especialmente reconocida. El CEF.- Centro de Estudios Financieros contribuye con estos premios a dar visibilidad a nuestros trabajos, nos permite hacerlos públicos y que, quien esté interesado en ello, pueda conocerlos y realizar las críticas oportunas. Además, la relevancia de los miembros de los Jurados y su acreditada carrera contribuyen a otorgar un indudable prestigio a cada una de las convocatorias. Los premios CEF.- son, desde hace años, un claro referente en el ámbito investigador de las ciencias jurídicas y sociales.
